El Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, actualmente pendiente de convalidación por el Congreso de los Diputados, restablece y actualiza las medidas extraordinarias de protección social para el año 2026. Esta norma se aprueba tras la derogación del anterior Real Decreto-ley 16/2025, que no fue convalidado por el Congreso de los Diputados, generando un escenario de incertidumbre jurídica en materia de vivienda, desahucios y suministros básicos.

Su objetivo es reforzar el denominado ESCUDO SOCIAL, especialmente en:

• Suspensión de desahucios.
• Protección de hogares vulnerables.
• Compensación a propietarios.
• Suministros esenciales.
• Mantenimiento del empleo vinculado a ayudas públicas.

Antecedentes normativos: un marco legal inestable

Desde 2020, el legislador ha venido prorrogando de forma excepcional la suspensión de lanzamientos y desahucios para personas en situación de vulnerabilidad. El último intento, mediante el Real Decreto-ley 16/2025, fue rechazado por el Congreso, lo que dejó sin cobertura legal determinadas medidas de protección.

El nuevo Real Decreto-ley 2/2026 entró en vigor el 5 de febrero de 2026, aunque su continuidad depende de su convalidación parlamentaria en el plazo máximo de un mes.

El núcleo de la reforma se centra en la protección de la vivienda habitual de personas vulnerables, y se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la POSIBILIDAD DE SUSPENDER LOS PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIO cuando concurran los siguientes requisitos:

• Que el arrendatario se encuentre en situación de vulnerabilidad económica.
• Que no exista alternativa habitacional.
• Que así lo certifiquen los servicios sociales.

El Tribunal de Instancia acordará la suspensión salvo que:

• El arrendador también se encuentre en situación de vulnerabilidad, o
• Sea titular de dos o menos viviendas.

NOVEDAD RELEVANTE: Por primera vez se introduce una protección expresa para pequeños propietarios, que quedan excluidos del régimen automático de suspensión.

También debemos descatar la continuidad automática de las suspensiones ya acordadas en os procedimientos judiciales que ya estuvieran suspendidos conforme a la normativa anterior:

• Continúan suspendidos automáticamente.
• No requieren nueva solicitud.
• Se adaptan al régimen del Real Decreto-ley 2/2026.

El Real Decreto-ley 2/2026 refuerza el sistema de compensación económica para propietarios afectados por la suspensión de desahucios:

• Se amplía la compensación hasta el 31 de diciembre de 2026.
• El plazo para solicitarla se extiende hasta el 31 de enero de 2027.
• Se adapta el procedimiento al Plan Estatal de Vivienda.

El objetivo es evitar que la protección social recaiga exclusivamente sobre el arrendador.

Prórroga del régimen transitorio de la Ley de Vivienda

La protección prevista en la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, se amplía:

El régimen transitorio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esto mantiene activas las medidas excepcionales en situaciones de vulnerabilidad habitacional.

Otras medidas incluidas en el Real Decreto-ley 2/2026

Además de vivienda, el texto legal incorpora:

• Descuentos reforzados del bono social eléctrico.
• Protección frente a cortes de suministros básicos (energía y agua).
• Limitaciones a los despidos en empresas beneficiarias de ayudas públicas.
• Medidas fiscales en IRPF e Impuesto sobre Sociedades.

Conclusión

El Real Decreto-ley 2/2026 restablece la protección social en materia de vivienda para 2026, pero introduce límites relevantes y nuevos criterios jurídicos, especialmente en favor de los pequeños propietarios (quedarán excluidos de la causa de suspensión procesal y prohibición de los lanzamientos a los propietarios que tenga un máximo de dos propiedades).

Nos encontramos ante una normativa técnicamente compleja y sujeta a convalidación parlamentaria, lo que exige un análisis individualizado de cada caso.

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La finalidad de un seguro de vida vinculado a un préstamo hipotecario es cubrir el importe pendiente de pago en caso de fallecimiento o invalidez de uno o todos los prestatarios. En consecuencia, si ocurre el lamentable suceso, la compañía aseguradora se encargará de pagar y cancelar el saldo restante del préstamo.

Nos surge la pregunta: ¿Qué ocurre realmente? ¿DÓNDE RADICA EL ENGAÑO O ABUSO? La respuesta es clara: se impone al cliente la contratación de un seguro con prima única al inicio del préstamo, financiando esta prima mediante un aumento en el capital prestado. En otras palabras, al momento de firmar la hipoteca, se carga al cliente el costo total del seguro, sin que este conozca las condiciones reales ni el verdadero valor del mismo, además de pagarlo con intereses durante toda la duración del préstamo.

Nuevamente las entidades financieras incurren en prácticas ilegales al imponer la contratación de seguros de vida o protección por impago de forma ilegal y abusiva, lo que resulta en la NULIDAD DE ESTOS CONTRATOS Y LA OBLIGACIÓN DE REEMBOLSAR AL CLIENTE LOS IMPORTES COBRADOS. Esto ha sido confirmado por numerosas sentencias que condenan a los bancos por alguna de este tipo de prácticas:

1. a) No proporcionar información suficiente sobre las condiciones del seguro.
2. b) Ofrecer seguros con costos muy superiores a los del mercado.
3. c) No dar al cliente la opción de contratar el seguro anualmente para comparar ofertas.
4. d) Al cliente, al cobrarle esa prima única inicial que se financia en el préstamo se le cobran intereses durante toda la vida del contrato.
5. e) No ha intervenido ningún empleado de la entidad aseguradora que explique las condiciones de la póliza de seguro; y, no se ha realizado ningún tipo de control, cuestionario o examen médico a los prestatarios adherentes.
6. f) En la mayoría de los casos, la compañía aseguradora pertenece al mismo grupo empresarial que el banco prestamista.

En resumen, en muchas ocasiones, el banco condiciona las condiciones del préstamo a la contratación de un seguro, supuestamente para obtener una rebaja en el interés, pero en realidad, este no existe. El tipo de interés aplicado al cliente es incluso superior al del mercado, ya que el capital del préstamo ha sido aumentado por la prima única del seguro.

Lamentablemente, en la contratación obligatoria de seguros, muchos bancos no han cumplido con sus obligaciones de información, transparencia y buena fe, lo que determina la nulidad de los contratos y el posible reembolso de los importes cobrados de manera indebida.

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Como seguramente sabrán, a raíz de las últimas modificaciones y novedades legales, las empresas y autónomos deben elaborar e implementar un Plan de Igualdad y un Plan de Acoso Laboral para prevenir y abordar las posibles situaciones o conductas que pudieran producirse en vulneración de la dignidad, integridad y los derechos de los trabajadores a su cargo, garantizando el clima de respeto y tolerancia que debe reinar también y en todo caso en las relaciones laborales. La OMISIÓN DE ESTE DEBER ES SANCIONABLE.

En concreto, es obligatorio disponer del Plan de Acoso Laboral, independientemente del número de trabajadores que constituyan la plantilla de la empresa. Dicho protocolo debe regular y establecer los medios de intervención internos que tienen que desplegarse ante tales situaciones o comportamientos intolerables de abuso que pudieran surgir.

Para cumplir con la finalidad de la normativa aplicable, la empresa debe formar a sus trabajadores en la materia para que puedan identificar y comunicar la situación que presencien o de la que conozcan a la persona de contacto responsable designada en el protocolo a los efectos y, en su caso, a los mandos y a la dirección para actuar de forma inmediata y eficaz, proteger a las personas a las que se esté perjudicando y adoptar las medidas disciplinarias correspondientes sobre las personas implicadas.  

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